Derechos LGTBI+
De la fobia al reconocimiento: los derechos LGTBIQ+ en el siglo XXI
En la última década han sido muchos y significativos los avances que en nuestro país se han producido en materia de reconocimiento legal de la diversidad afectivo/sexual y de las identidades de género. Baste citar como ejemplo reciente la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. De hecho, nuestro Estatuto de autonomía va incluso más allá que la propia Constitución de 1978 y reconoce el derecho de toda persona a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Además, en el Congreso de los Diputados están pendientes de debate y aprobación varias iniciativas legislativas que pretenden dar respuesta jurídica a cuestiones todavía pendientes como, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de las personas transexuales menores de edad a que se rectifique toda la documentación administrativa relativa a su identidad. A nivel global, y aunque no dejan de alarmarnos evidentes posiciones institucionales y políticas que podríamos calificar de homófobas en países de nuestro mismo entorno europeo, es ya una realidad el reconocimiento progresivo de los derechos LGTBIQ+. Sirva como ejemplo cómo el matrimonio igualitario está poco a poco garantizándose incluso en países donde la oposición a tal conquista fue inicialmente muy potente.
Es una conquista, sin duda, el que en países como el nuestro tengamos un marco jurídico que proteja una dimensión tan esencial de cualquier ser humano y que ofrezca mecanismos para reaccionar contra cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, ni las leyes nos ofrecen todas las soluciones ni mucho menos son la varita mágica que permite cambiar una realidad, la de un orden de carácter patriarcal y heteronormativo, que todavía hoy, en pleno siglo XXI, continúa alimentando tratos degradantes y humillantes hacia ciertas personas por la simple razón de que se sitúan fuera de lo que algunos continúan entendiendo como “normalidad”. Una realidad que no lo demuestran los datos que nos hablan de acoso escolar, de violencia contra las personas “diferentes” o de cómo las generaciones más jóvenes continúan sufriendo lo que incluso podríamos encuadrar en los llamados delitos de odio y discriminación.
No basta pues con cambiar las leyes. Hace falta cambiar toda una cultura que durante siglos ha negado el reconocimiento del “otro” y de la “otra”. Y ello pasa por una tarea urgente de socialización, de educación, que nos permita superar la tolerancia y que nos lleve a un modelo de convivencia basado en el reconocimiento de cualquier manifestación relacionada con el libre desarrollo de la personalidad. Falta, me temo, una apuesta decidida de los poderes públicos por la inclusión de todas estas materias en los currículos de todos los niveles de enseñanza, como faltan referencias más positivas y menos estereotipadas en los medios de comunicación. Necesitamos, por ejemplo, más visibilidad de las mujeres lesbianas, más diversidad en las referencias públicas de los chicos gais, una protección efectiva de las múltiples identidades de género y, por supuesto, la garantía de que el concepto de familia deje de articularse jurídica y socialmente a través de la norma heteronormativa. Y todo ello, claro, pasa por unas políticas públicas que cuenten con suficientes recursos materiales y personales, que persigan transformar realmente la realidad institucional y social que con frecuencia se lo pone tan difícil a quién es diversa, y que no se contenten con la fotografía que solemos ver cada vez que llega el 28J. Un reto que, a su vez, exige tener en cuenta la voz de las personas afectadas por la discriminación y de los colectivos en que se integra, sin olvidar que las mujeres también existen, y siempre, claro está, que las asociaciones y plataformas no sean meros transmisores de los intereses partidistas o de las carreras políticas de quienes se suben al carro de la reivindicación.
Octavio Salazar Benítez
https://lashoras-octavio.blogspot.com
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba
Miembro de la Red feminista de Derecho Constitucional y de la Asociación Personas por la diversidad afectivo-sexual.
